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Contraloría General de la República CGR denuncia excesos en incentivos económicos en bancos públicos

La CGR efectuó una auditoría sobre los modelos de evaluación del desempeño que incluyen un incentivo económico por el incremento en la productividad y los resultados institucionales, en cada uno de los bancos públicos (DFOE-EC-IF-08 del Banco Popular, DFOE-EC-IF-09 del Banco de Costa Rica y DFOE-EC-IF-10, del Banco Nacional), en vista de la magnitud del costo total asumido por esos bancos por el reconocimiento de los incentivos por productividad asociados a esos modelos de evaluación del desempeño. La CGR valoró la razonabilidad de las políticas y la normativa en la materia, establecidas durante el periodo 2006-2012 por dichos bancos, así como su efecto sobre los costos operativos y las utilidades en aquellos bancos públicos que han aplicado sistemas de pago por incentivos a la productividad.

Estos esquemas de evaluación del desempeño con incentivos económicos, están amparados en la autonomía constitucional y legal que ostentan los bancos públicos comerciales, en un decreto presidencial que avala la aplicación de incentivos económicos asociados a la productividad y en un marco de normativa interna aprobado por sus juntas directivas.  La CGR reconoce que tanto la valoración como las decisiones tomadas son responsabilidad exclusiva de la administración. Sin embargo, no puede permanecer ajena al hecho de que en esta ocasión los medios instaurados han superado los fines y objetivos de la institucionalidad pública. Incluso en algunos casos los incentivos han sido incorporados en sus convenciones colectivas, con lo que paulatinamente han generado signos de perpetuidad, su aplicación se torna cada vez más automática y los pagos asociados son cada vez más inflexibles a la baja.

RESUMEN GENERAL DE HALLAZGOS

·         Tres de los cuatro bancos públicos comerciales del Sistema Bancario Nacional han aplicado en los últimos años, políticas de gestión del potencial humano sustentadas en modelos de evaluación del desempeño que incluyen un incentivo económico por la productividad.

·         El costo de esos incentivos ha llegado a representar un 23% de las suma de utilidades netas (más de 99 mil millones de colones entre el 2006 y el 2012), lo cual ha subido sus costos de operación y ha desplazado esos recursos de otras opciones relacionadas con el giro del negocio o con una menor distribución de las utilidades que deben destinar a la micro, pequeña y mediana empresa o a distribuir a entidades como CONAPE, la Comisión Nacional de Emergencias, al Fondo de Pensiones de la CCSS o el INFOCOOP.

·         De las auditorías efectuadas en los bancos públicos comerciales que han aplicado estos incentivos económicos, se ha podido demostrar su desvinculación con los objetivos estratégicos institucionales y el incumplimiento de la directriz presidencial que los avaló.

·         El costo total por el pago de los incentivos ha superado los montos máximos establecidos, cuando éstos han sido establecidos: 37% frente a un tope de 15% de las utilidades en el BNCR, 16% frente a un tope de 8% de las utilidades en el BCR y 11,2% de las utilidades del BPDC que no cuenta con un monto máximo. Finalmente, se ha encontrado una sobrevaluación de los incentivos pagados en el BNCR y en el BCR porque se toma como base de cálculo las utilidades de los conglomerados, que incluyen tanto los bancos como sus subsidiarias.

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