*De acuerdo con los informes elaborados por profesionales en arquitectura las ermitas inspeccionadas mantienen condiciones generales similares a las observadas durante los estudios técnicos realizados antes de su declaratoria patrimonial en el año 2022.
Lunes 20 de Julio 2026. La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación ante presuntas intervenciones a varias ermitas declaradas Patrimonio Histórico-Arquitectónico de Costa Rica, ubicadas en el cantón de Mora, tras una denuncia ciudadana.
La Defensoría solicitó informes al Ministerio de Cultura y Juventud, por medio del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), así como a la Municipalidad de Mora. Además, se realizaron inspecciones técnicas especializadas en varias de las ermitas señaladas para determinar si existían afectaciones al patrimonio cultural protegido por el Estado.
De acuerdo con los informes elaborados por profesionales en arquitectura de la Dirección de Patrimonio Cultural las ermitas inspeccionadas mantienen condiciones generales similares a las observadas durante los estudios técnicos realizados antes de su declaratoria patrimonial en el año 2022.
En el caso de la ermita de Corralar, la investigación determinó que las láminas metálicas instaladas en la parte posterior del inmueble no corresponden a obras recientes y que, además, no existe evidencia de afectación al valor histórico-arquitectónico ni a la integridad estructural del edificio. Los especialistas señalaron que dichas láminas presentan deterioro y corrosión acumulada por varios años, lo que descarta que hubiesen sido colocadas recientemente.
Respecto a la ermita de Picagres, la inspección estableció que la denuncia relacionada con trabajos en la cubierta del inmueble correspondía en realidad a actividades de recaudación de fondos promovidas por la Junta Pastoral para futuros trabajos de mantenimiento, sin que al momento de la visita se hubiese ejecutado intervención alguna sobre la estructura patrimonial.
Asimismo, los estudios técnicos determinaron que las condiciones generales de conservación de las ermitas de Corralar, Llano Grande y Picagres son similares a las existentes cuando fueron declaradas patrimonio nacional, sin evidencias de daños atribuibles a las situaciones denunciadas.
A partir de los resultados obtenidos, la Defensoría reiteró la importancia de que toda intervención en inmuebles declarados patrimonio histórico-arquitectónico sea previamente tramitada y autorizada por las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley N.° 7555.
Al Ministerio de Cultura y Juventud, Despacho Ministerial y Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural se les recomendó valorar la elaboración e implementación de un protocolo o instrumento técnico que contemple el levantamiento y conservación de un registro fotográfico integral de los inmuebles declarados patrimonio histórico-arquitectónico al momento de su declaratoria.
Además, continuar fortaleciendo las acciones de acompañamiento técnico, capacitación y divulgación dirigidas a propietarios, administradores, organizaciones comunales, juntas pastorales y gobiernos locales responsables de inmuebles patrimoniales, respecto de las obligaciones establecidas en la Ley N.° 7555 y los procedimientos aplicables para la autorización de intervenciones en bienes declarados patrimonio histórico-arquitectónico.
También valorar la elaboración de lineamientos técnicos orientadores para las comunidades y administradores de ermitas patrimoniales, que permitan identificar de forma sencilla cuáles obras de mantenimiento requieren autorización previa del CICPC y cuáles actuaciones ordinarias de conservación pueden ejecutarse sin afectar el tejido histórico del inmueble.