Las comunidades Orocú y Santa Juana de Chomes, Puntarenas llevan 13 días sin agua potable y señalan a los quebradores como principales responsables de la reducción significativa del caudal de los ríos que abastecen a las comunidades de la zona.
Roxana Flores, vecina de Orocú y lideresa comunitaria, comenta “vivo en las cercanías del río Lagartos, donde todos los años se ve afectado por la extracción masiva de materiales, en este momento en nuestra comunidad debido a la deforestación que realizan las empresas extractivas y la misma minería, el pozo que abastece a las familias que habitamos estas comunidades, se llenó de sedimento y colapsó, quemó el motor de la bomba y por 13 días no hemos tenido agua potable”
Esta problemática local trasciende las fronteras de Orocú y Santa Juana, encontrando eco en las preocupaciones de organizaciones como el Comité para la Defensa de la Cuenca del Río Frío en Guatuso, quienes advierten los impactos socioambientales de estas prácticas. Sus denuncias coinciden en señalar una notoria reducción de los caudales poniendo en riesgo el acceso a agua potable.
La socióloga y coordinadora del Programa Kioscos Socioambientales, Dylanna Rodríguez Muñoz es enfática al indicar, “los quebradores se han expandido durante los últimos 15 años a gran velocidad, estos proyectos extractivos se han justificado para el mejoramiento de la infraestructura vial nacional, sin embargo, la investigación que hemos venido realizando nos revela datos contrarios, una buena parte de la arena y piedra que sale de los ríos del país son destinadas al mercado internacional a destinos como Estados Unidos, Guayana y Aruba, mientras las comunidades siguen adoleciendo la falta de carreteras en buen estado, sumado al grave daño ambiental que genera y las consecuencias que tiene para las comunidades, tal es el caso del acceso a agua potable”.
Los vecinos reclaman la ausencia de un control efectivo por parte del Estado. Aseguran que las instituciones competentes han permitido que los quebradores operen sin una fiscalización rigurosa, ignorando el deterioro ambiental y social que provocan. Para las comunidades, este vacío institucional agrava la crisis, al no garantizar el acceso al agua potable ni la protección de los ríos frente a intereses económicos.
“Es alarmante, estamos considerados por el AyA como estado de emergencia. El AyA nos mandó 500 metros de tubería de 4 pulgadas, no nos mandó el empalme ni ningún otro accesorio con el que se puedan juntar los tubos entonces eso corre por cuenta de la Junta Directiva del acueducto, pero al no tener plata, ese trabajo corre por cuenta del propio pueblo. Estamos intentando sacar adelante esta problemática porque si no tenemos cosas como las uniones en T, llaves de transición qué tienen precios elevados no va a costar solucionar esta situación, nos llevaremos quizás 8 o 9 días igual”, señala Flores sobre los esfuerzos que a nivel comunitario se están realizando para reconectar el agua luego de un trabajo arduo de limpieza del pozo y la necesidad de reinstalar tuberías, las cuales se vieron afectadas por la sedimentación.
Para Flores, una de las mayores preocupaciones es que personas adultas mayores, menores, mujeres embarazadas y personas con problemas de salud, se ven sumamente perjudicadas ante esta carencia de agua, “el AyA nos manda un cisterna, pero el problema es que un día sí y otro no. No sabemos si el fin de semana vamos a tener agua”.
Hogares enteros deben reorganizar sus rutinas para acarrear agua desde comunidades vecinas, mientras la indignación crece entre los habitantes, quienes sienten que la extracción indiscriminada de materiales ha priorizado las ganancias de unos pocos sobre el derecho humano al agua a vista y paciencia de las instituciones competentes qué siguen otorgando permisos de extracciones y plantas procesadoras.
“Actualmente en nuestro país rige un Código de Minería de 1982, que más allá de regular la actividad minera en cauces de dominio público, se ha convertido en un portillo abierto para que empresas concesionarias desmantelen los ríos. Una misma entidad jurídica puede acceder a dos concesiones en un mismo cauce, cada una de ellas por tramos de 2km y con posibilidad de explotación de hasta 25 años prorrogables por 10 años más. Lamentablemente, los materiales que se extraen de los ríos se han convertido en un negocio jugoso, tanto así, que Costa Rica se posiciona como el exportador número 46 de Grava y piedra triturada (de 180) en el mundo” , indicó Rodríguez quien ha investigado a profundidad el tema.
Reuniones comunales, plantones, denuncias formales, uso de medios de comunicación, presentaciones en consejos municipales, de todo se han valido las comunidades para visibilizar que el colapso de sus pozos y la reducción de caudales no son accidentes naturales, sino el resultado directo de la presión ejercida por los quebradores sobre los ecosistemas hidrográficos.
Según enfatiza Rodríguez, también defensora de Derechos Humanos “a partir del acompañamiento a diversas comunidades que venimos realizando desde el Programa Kioscos Socioambientales, presentamos en el 2024 el proyecto de Ley 24.722 para reformar ese obsoleto código de minería, proponiendo la integración del concepto de caudales ecológicos para garantizar la protección efectiva de las comunidades, las fuentes de agua y la biodiversidad frente a estas actividades mineras desproporcionadas que tienen lugar en las fuentes de vida que son los ríos.”
“Las comunidades no apelan a dejar de otorgar permisos, sino qué se hagan de manera transparente y apegados a las condiciones territoriales, hídricas y climáticas, que instituciones como la Dirección de Geología y Minas, Setena y Municipalidades hagan un trabajo efectivo para proteger la biodiversidad y a las personas que dependen de los ríos como bienes comunes, exigen que refuercen sus métodos de estudio y otorgamiento, pues es evidente que esta expoliación de proyectos está teniendo un impacto negativo y casi irreparable sobre los cuerpos de agua en un contexto de cambio climático. No es posible que ya tengamos comunidades enteras sin acceso al agua potable como derecho humano a causa de esta actividad” continúa señalando Rodríguez.
El caso de Orocú y Santa Juana se suma a un mosaico de luchas comunitarias que se extienden por todo el país. Las denuncias coinciden en un mismo patrón: la minería de río y las actividades extractivas dejan a su paso ríos debilitados, acuíferos comprometidos y comunidades en crisis. Lo que ocurre hoy en Chomes es reflejo de un problema estructural que se replica en diversas cuencas. Exigen acciones urgentes y efectivas, pues advierten que la defensa de los ríos no es solo una lucha ambiental, sino una batalla por la dignidad, la salud y el futuro de Costa Rica.
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