Protección del agua, planes reguladores, educación ambiental, presupuestos asignados, entre otros aspectos
Jueves 08 de Enero 2025. La Defensoría de los Habitantes solicitó a las 84 Municipalidades del país un detalle de las acciones que ejecutan para enfrentar los efectos del cambio climático en cada uno de los cantones, en especial respecto a la atención en la protección del recurso hídrico, la planificación territorial y la sostenibilidad ambiental, así como la incorporación de la fuente de financiamiento.
Para la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, los gobiernos locales, desempeñan un papel fundamental en la protección de las comunidades, los territorios y los ecosistemas. Su capacidad para implementar acciones concretas, coordinar con actores locales y responder a las realidades específicas de cada cantón, los convierte en protagonistas clave de la resiliencia climática.
“Queremos subrayar que la acción climática no puede desligarse de la protección de los derechos humanos. El acceso al agua, a un ambiente sano, a la vivienda segura, a la participación ciudadana y a la información ambiental son derechos fundamentales que deben ser garantizados en todo proceso de planificación tanto urbana como de políticas locales y respuesta climática”, dijo la Defensora de los Habitantes,
Para la Defensoría es necesario fortalecer el papel de las municipalidades en el diseño de planes de adaptación, en la gestión de fondos climáticos, es decir, obtener, canalizar, administrar y supervisar recursos financieros destinados a acciones y proyectos que buscan enfrentar el cambio climático, y en el cumplimiento de los marcos normativos nacionales e internacionales que rigen la acción ambiental y la protección de los derechos humanos.
Datos recopilados
De las 84 municipalidades consultadas, 79 respondieron al requerimiento de información. Datos iniciales aportados por los ayuntamientos entre junio del 2024 y abril del 2025 indican que, 43 incluyeron dentro del presupuesto 2025 rubros para atender la variable climática y la protección ambiental.
De las 84 municipalidades, un total de 43 cuentan con un plan regulador vigente. De los 41 gobiernos locales que aún no lo tienen, 18 están en proceso de elaboración o actualización. Asimismo, 29 gobiernos locales administran directamente acueductos municipales, de los cuales 15 implementan planes de seguridad del agua exigidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). De las ocho municipalidades que indicaron no contar con este plan, cinco se encuentran en su formulación; mientras el resto no proporcionaron el dato.
La Defensoría subrayó que la protección del medio ambiente no es un componente accesorio, sino el eje de las políticas locales de adaptación y mitigación. De ahí que sea necesario la implementación de acciones prioritarias para fortalecer la planificación territorial incorporando la variable ambiental y climática desde el diseño del Plan Regulador; desarrollar o actualizar los planes de seguridad del agua, invertir en la protección de las nacientes y zonas de recarga acuífera, incorporar la variable climática en los presupuestos municipales y promover la educación ambiental y la participación ciudadana.
Para la Defensoría las municipalidades son actores clave en la adaptación territorial ante el cambio climático, y que el desarrollo sostenible “no es una meta lejana, sino una responsabilidad diaria” que se construye desde las decisiones administrativas, los reglamentos y la asignación presupuestaria.
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