• Expertas internacionales discutieron la importancia de revisar las necesidades específicas de cada territorio
Las diferencias territoriales se reflejan en desigualdades de acceso, continuidad y calidad de los servicios públicos, que afectan negativamente el desarrollo humano. Adoptar un enfoque territorial, facilita la identificación de situaciones y una atención específica que solvente esa necesidad.
La regulación de servicios públicos se debe adaptar a las realidades territoriales, para responder a la diversidad socioeconómica, política, demográfica que existe entre las regiones.
Esta diferenciación permite que se brinden servicios públicos pertinentes, inclusivos y eficaces, considerando las necesidades particulares de cada territorio.
Con este propósito se realizó un panel con las expertas internacionales Zulima Sánchez, Leticia Montiel y la académica costarricense, Laura Paniagua, dentro del reciente Congreso de la Regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
La Titular de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Leticia Montiel, señaló que la sociedad exige normas claras, trámites rápidos y optimización de recursos. “Para los entes reguladores, la diversidad territorial es un desafío constante para que la normativa, gestión y servicios sean accesibles en cualquier contexto. La regulación, si se diseña con un criterio contextualizado, se convierte en una poderosa herramienta de desarrollo”.
Mientras que, para la Dra. Laura Paniagua, académica e investigadora de la Universidad de Costa Rica, enfatizó que comprender las realidades locales y las múltiples escalas territoriales permite una regulación más cercana que reconoce las necesidades diferenciadas de la población. Esto es crucial en Costa Rica, donde la desigualdad social y la fragmentación territorial profundizan las brechas de calidad en los servicios públicos.
La Dra. Zulima Sánchez, de la Universidad de Salamanca, explicó el concepto de regulación contextualizada como un modelo que ajusta normas y políticas según las características geográficas, sociales, económicas y culturales de cada territorio. Esta regulación adaptativa promueve soluciones de accesibilidad y equidad social al responder a las demandas y condiciones locales de manera más eficiente, equitativa y sostenible.
Esta discusión pretendió crear conciencia de la ruta a seguir en la regulación de los servicios públicos, donde las decisiones deben ser capaces de articular estas particularidades e incorporarlas en los procesos regulatorios.
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