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Salario promedio general del Poder Judicial no es de ¢2.500.000

El promedio general salarial que se paga en el Poder Judicial no se obtiene de la partida de remuneraciones, sino del análisis de salarios, que incluye personas profesionales y no profesionales que laboran en judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y ámbito administrativo de este Poder de la República.

El resultado obtenido por la Dirección de Gestión Humana arroja que el promedio general salarial es de ¢1. 586.544.73 y no ¢2. 500. 000. 00 como lo ha indicado un economista en medios de comunicación y cuyas apreciaciones circulan en redes sociales.

Este monto se obtiene del estudio correspondiente al mes de septiembre del año en curso. La partida de remuneraciones incluye otros componentes como sustituciones, horas extra, pagos por sentencias judiciales, aguinaldos, salario escolar, entre otros componentes que integran esa partida presupuestaria, que no es recibido por toda la población judicial esto depende de las necesidades del servicio público y lo que disponen leyes especiales en materia laboral.  

Se reitera que el salario que percibe la jerarquía judicial  están congelados desde el primer semestre del año 2018,  

es decir  no reciben aumento por costo de vida,  desde el primer semestre del año 2018.

El Poder Judicial tiene 894 oficinas distribuidas en todo el país entre tribunales, juzgados, fiscalías, defensa pública, administrativas, delegaciones y subdelegaciones regionales de la policía judicial,  laboratorios forenses, patología y medicina legal, así como el personal técnico y de apoyo  lo que hace que los grupos ocupacionales sean muy diversos y respondan a perfiles diferentes, para la ejecución de tareas y obligaciones según las necesidades y demandas del servicio público de administración de judicial.

El personal judicial debe por ley garantizar un servicio continuo de 24 horas, los 7 días de la semana, con cobertura en todo el territorio nacional, para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico,  homicidios, demandas por  violencia doméstica, delitos contra la propiedad, trámite de pensiones alimentarias y otros servicios que nunca pueden para detenerse.

Los salarios se ajustan al costo de vida en el mismo monto definido para todo el sector público, asumiendo la institución el aumento de los precios, sin menoscabo de los servicios judiciales que se brindan.

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