• Ministra de Ambiente y Energía destacó en la Asamblea Legislativa que Derecho de Utilidad Ambiental (DUA) beneficiará a personas que viven en terrenos, desde antes que fueran declarados como Área Silvestre Protegida, o conformados por bosques y reservas nacionales
• Iniciativa representa Innovación Jurídica de la mano con conservación ambiental y reactivación económica verde
• Proyecto permite acceso a servicios públicos
Esta mañana la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, reafirmó desde la Asamblea Legislativa, el compromiso del gobierno con acciones que lleven bienestar y mejores oportunidades para que nadie se quede atrás.
La afirmación la realizó en medio de la comparencia del expediente legislativo N° 22.391 titulado Ley para la gestión y regularización del Patrimonio Natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (DUA),presentado por un grupo de diputados y diputadas de la Comisión Especial de Zonas Costeras y Fronterizas.
Al respecto Meza indicó que considera clave la aprobación de la iniciativa de ley para atender los problemas de ocupación dentro de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP).
“Esta iniciativa permitirá atender una deuda histórica con las miles de familias que durante años han protegido el bosque en sus fincas, sin poder acceder a los beneficios por su esfuerzo de conservación, dándoles un Derecho de Utilidad Ambiental, permitiendo además el acceso a servicios públicos”,explicó la jerarca.
Este proyecto constituye un nuevo derecho real administrativo, llamado Derecho de Utilidad Ambiental (DUA), como un régimen jurídico especial para regularizar la tenencia de tierras estatales bajo protección. Con esto se beneficia a las familias cuya única propiedad se ubica en un terreno en un Área Silvestre Protegida o que está constituido por bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales.
Este derecho de uso permitiría que las familias de estos terrenos puedan acceder a créditos, aprovechar sus tierras y reactivar la economía de sus comunidades al brindar la posibilidad a las personas de tener esta garantía legal.
Además de otorgar el derecho de usufructo a las familias, la ley propuesta posibilita la construcción de la infraestructura pública, les garantiza la dotación de servicios públicos básicos, por parte del Estado, para el desarrollo de las actividades autorizadas por medio de la Ley DUA.
Requisitos
Las familias que podrán optar por un DUA son mayores de edad, que demuestren tener como única residencia un predio bajo régimen de protección ambiental, por más de 10 años, según información obtenida por la entidad administradora de éstos, a partir de los últimos censos nacionales; así como personas jurídicas sin fines de lucro.
Las personas pobladoras podrán elaborar actividades productivas sostenibles como: ecoturismo, agro ecoturismo, silvicultura, reforestación, manejo forestal sostenible y comunitario, agricultura familiar, agricultura ancestral, conservación de la biodiversidad, servicios eco sistémicos, restauración, comercio, residencia, ganadería sostenible u otras que sean aprobados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de acuerdo con el Plan General de Manejo o el Instrumento de Gestión de Recursos Naturales.
El DUA, faculta a particulares para ejercer algunos derechos sobre el dominio de bienes inmuebles propiedad del Estado. Este acto se materializará en un título que debe ser inscrito en el Registro Inmobiliario, asignando una matrícula de folio real especial.
Esos derechos no podrán ser otorgados a personas en parques nacionales y reservas biológicas. Tampoco se otorgarán cuando la persona pobladora practique exploración y explotación de minerales o hidrocarburos, vertido de residuos, depósito de desechos, desagüe de efluentes, liberación de emisiones contaminantes o establecimiento de industrias.
Para la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, la iniciativa plantea una solución estructural al problema de regularización de tenencia de la tierra en Patrimonio Natural del Estado.
“Este proyecto es muy importante ya que nos brinda Innovación Jurídica, con el fin de impulsar la reactivación económica. El DUA permitirá que diversas familias formalicen su situación de tenencia, facilitando el acceso a crédito y diversos mercados en el caso de sus productos y servicios. Igualmente, promoverá el cuido de nuestros recursos naturales mediante el involucramiento de las comunidades. La reactivación económica sostenible es posible”, detalló la jerarca.
Por su parte, durante su participación en el Congreso, el viceministro de Ambiente, Franklin Paniagua aclaró que “esta propuesta de ley no pretende reducir Áreas Silvestres Protegidas, sino garantizar la conservación de los recursos naturales de forma eficiente y efectiva, y a legitimar la posibilidad de coexistencia de las áreas silvestres protegidas y las personas que viven dentro de ellas”.
Además recodó que bajo la rectoría de la Ministra o Ministro de Ambiente y Energía, las instituciones con administración de terrenos, parte del Patrimonio Natural del Estado, que no son Áreas Silvestres Protegidas, se manejarán con un Instrumento de Gestión de Recursos Naturales desarrollado y ejecutado por la institución administradora y propietaria registral.
“Estas instituciones en el marco de sus competencias dirigirán técnicamente la ejecución del Instrumento de Gestión de Recursos Naturales que incluirá la zona a regularizar mediante los procesos de otorgamiento de los Derechos de Utilidad Ambiental (DUA), con el fin de garantizar la conservación y uso sostenible de los ecosistemas”, concluyó.