Según Informe Anual de Labores
Lunes 27 de junio de 2022. Durante el año 2021, la Defensoría de los Habitantes recibió un total de 34,161 consultas o denuncias por acciones u omisiones del sector público; de las cuales la tercera parte, un 31%, proviene de la provincia de San José y la quinta parte, un 19%, procedente de Alajuela; ambas provincias agrupan el 50% del total de denuncias recibidas.
Estos datos están recogidos en el Informe Anual de Labores 2021-2022, de la Defensoría de los Habitantes, entregado a la Asamblea Legislativa la primera semana de junio.
Según los registros de la Defensoría, las tres instituciones más denunciadas durante el 2021 fueron el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con 5283 solicitudes de intervención; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con 3675 consultas o denuncias; y el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro con 1406 registros de intervención.
Estas cifras reflejan la actual coyuntura económica, donde los niveles de pobreza y desempleo no evidencian tendencias de mejora que se sostengan en el tiempo, las personas con menores niveles educativosson las más afectadas por estas dos variables y tienden a asistir al IMAS o a la CCSS en procura de ser incorporados, ya sea en algún programa asistencial o subsidio que les permita paliar las dificultades económicas por las que atraviesan. De las denuncias presentadas por la población privada de libertad, el 55% son del derecho a la salud, específicamente ladenegación, deficiencia o mal trato en la prestación del servicio de salud.
Por otra parte, el Derecho a la Eficiencia en la Prestación de los Servicios Públicos es el más denunciado, ya que de cada tres denuncias que recibe la Defensoría, una se encuentra relacionada con esta categoría. “Este tema no es nuevo, lo hemos indicadopor años; y pese a ello, la gestión administrativa del sector público sigue incumpliendo los principios de Buen Gobierno, sigue sin ser capaz de cumplir con los estándares deseables y adecuados de derechos humanosque exige un Estado de Derecho, democrático como el costarricense”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.
La Defensoría de los Habitantes, año tras año, ha venido evidenciando que el país, a pesar de adoptar una serie de principios de buena administración, se encuentra aún muy lejos de una gestión eficiente y más bien, caracterizándose por permanecer en el tiempo una serie vulneraciones de los derechos humanos, mismas que se ven profundizadas por la pandemia del COVID-19, el alto desempleo que afecta a un importante segmento de la población, la pobreza estructural que persiste a pesar de los diferentes programas para atacarla, la creciente desigualdad que ha vuelto a Costa Rica uno de los países más desiguales de América Latina, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico de importantes sectores de la población quese encuentran en condición y situación devulnerabilidad.
Todos y cada uno de los aspectos que la Defensoría, como Institución Nacional de Derechos Humanos; ha venido exponiendo y denunciando a lo largo del tiempo ante distintas autoridades parlamentarias.
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