Contempla más de 270 programas y proyectos de inversión pública, entre ellos el tren eléctrico de pasajeros y el limonense de carga, sectorización del transporte público, ampliación de las rutas 32 y 27 y finalización de tres hospitales.
También, atender más de 121.000 hogares en pobreza, al menos 15.000 nuevas pensiones del RNC, universalizar el cuido a clase media y mejorar la calidad de la educación, mediante capacitación y evaluación del desempeño docente.
Ciudadanía podrá accesar al avance de las metas en tiempo real a través del sitio web de www.mideplan.go.cr
En una novedosa presentación, que reunió a centenares de representantes de la institucionalidad costarricense en el Teatro Nacional, el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y la ministra de Planificación y Desarrollo Económico, María del Pilar Garrido Gonzalo, compartieron este martes la hoja de ruta del Gobierno para los próximos cuatro años.
Se trata del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) del Bicentenario, Integrado por primera vez en un solo documento, cuyo objetivo principal es “generar crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, en armonía con el ambiente, promoviendo empleos de calidad y reduciendo la pobreza y la desigualdad”.
Para ello, el PNDIP contempla 5 metas nacionales: crecimiento del PIB en al menos un 3,3%; reducción de la pobreza multidimensional entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales; del desempleo abierto en al menos 0,7 y 1,8 puntos porcentuales y de la tasa de emisiones de dióxido.
Incluye más de 270 metas de intervenciones en siete áreas de articulación presidencial: desarrollo sostenible y convivencia; innovación, competitividad y productividad; desarrollo regional; estabilidad y crecimiento inclusivo; seguridad humana; salud y seguridad social; infraestructura, movilidad y ordenamiento terrritorial.
“Esto resume nuestro deseo de construir una Costa Rica próspera, inclusiva, resiliente, innovadora y descarbonizada”, explicó el Presidente Alvarado al compartir la presentación junto a la ministra Garrido en una innovadora dinámica.
El plan contempla un minucioso sistema de monitoreo para acompañar a las instituciones en la consecución de sus metas y hacer transparente su cumplimiento a la ciudadanía. “Presenta fuertes innovaciones que lo hacen más riguroso y estratégico, de tal forma que podamos maximizar el uso de los recursos públicos y contribuir al cierre de brechas estructurales”, aseguró Garrido.
Metas nacionales
PIB: crecer en al menos el 3,3%.
Pobreza multidimensional: reducirla entre 2,3 y 2,7 pp.
Desigualdad: mantener el coeficiente de Gini en 0,511.
Desempleo abierto: reducirlo en al menos 0,7 y 1,8 pp.
Descarbonización: reducir en 0,9% tasa de emisiones de dióxido de carbono.
Las metas
PIB. Tres propósitos: crecimiento económico, impulsar la inversión pública y habilitar la inversión privada. Para el 2022, la meta es crecer en al menos el 3,3% del PIB.
Pobreza multidimensional. La meta es reducirla entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales. Se realizarán intervenciones a la medida de cada hogar, de cada familia y de cada región. “Por ejemplo: en la Huetar Caribe se destinarán más recursos a vivienda, dado que es su principal necesidad; en la Huetar Norte a educación y en la región Chorotega a salud”, explicó la ministra María del Pilar Garrido.
Desigualdad. La propuesta es detener su crecimiento, dado que una reducción significativa solo es posible a largo plazo. Se ha programado mantener el coeficiente de Gini en 0,511, aumentando la participación de las mujeres en mercados laborales y la formalidad en el empleo y mejorando los sistemas de intermediación de empleo para personas con edades entre 18 y 44 años.
Desempleo abierto. Para 2022, esta variable bajará al menos entre 0,7 y 1,8 puntos porcentuales. Esto se logrará mediante la generación de empleo de calidad, nuevos emprendimientos intensivos en investigación, desarrollo e innovación, nuevas competencias como el bilingüismo y educación dual.
Descarbonización. Es la primera vez que hay una meta ambiental nacional. Se propone que en 2022 la tasa de emisiones de dióxido de carbono decrezca en al menos 0,9%. Para ello, se van a impulsar la sectorización del transporte, los trenes eléctricos de pasajeros y carga y el cambio de flotilla vehicular de diésel a eléctrica. Se propiciará una transformación de la matriz productiva para que se parezca más a la matriz energética, que es 98% renovable.
Áreas de articulación
El plan contempla más de 270 programas y proyectos de inversión pública para las áreas de articulación presidencial. Algunas de estas incluyen:
– Educación para el desarrollo sostenible y la convivencia. Hay 14 programas y proyectos de inversión pública para reforzar la educación en la primera infancia, mediante un trabajo articulado de la Red de Cuido y el Ministerio de Educación Pública; mejorar la calidad de la educación mediante capacitación y evaluación del desempeño docente; fortalecer las certificaciones en diferentes idiomas y la búsqueda activa a las personas de entre 18 y 44 años que abandonan el colegio, para ofrecerles otras modalidades de formación.
– Innovación, competitividad y productividad: 38 programas y proyectos de inversión pública para: impulsar la inversión extranjera directa, aumentar las exportaciones de las regiones, robustecer el sistema de intermediación de empleo y reducir la cantidad de días para la instalación de proyectos de inversión privada, entre otros.
– Desarrollo regional. 16 intervenciones que incluyen: el proyecto PIAG, mercados regionales en la región Chorotega y Brunca, el mercado de mariscos en la región Pacífico Central, apoyo a la vivienda territorial y a la titularización de la tierra, principalmente para las mujeres, con el fin de cerrar brechas de género.
– Económica para la estabilidad y el crecimiento inclusivo. 8 intervenciones para lograr: el saneamiento de las finanzas públicas y la revitalización del sistema productivo nacional, mediante la reducción del déficit financiero, atenuar la trayectoria de la deuda, el fortalecimiento del sistema de banca para el desarrollo y la supervisión financiera.
– Seguridad Humana. Con 23 intervenciones se pretende atender los 121.397 hogares en pobreza, entregar al menos 15.000 nuevas pensiones del régimen no contributivo, universalizar el cuido a clase media, garantizar los derechos de la población LGTBIQ y realizar megaoperativos policiales.
– Salud y seguridad social. Con 20 intervenciones se plantea asegurarle a las personas vidas largas y saludables y la ampliación de la seguridad social. Las metas más destacadas incluyen finalizar el Hospital de Las Mujeres, nuevos hospitales en Puntarenas y Turrialba y la II etapa del edificio Torre Este del Hospital Calderón Guardia. También mejorar el alcantarillado sanitario, combatir la obesidad en escuelas y fortalecer la vacunación contra el papiloma humano.
– Infraestructura, movilidad y ordenamiento territorial. Con 40 intervenciones, destaca el tren eléctrico de pasajeros de la GAM, el tren eléctrico limonense de carga, la sectorización del transporte público, la ampliación a 4 carriles de la ruta 32 y la ampliación de la ruta 27.
Finalmente, el Presidente Alvarado y la Ministra Garrido destacaron algunas novedades del Plan del Bicentenario como:
● Por primera vez integra en un solo documento el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Inversión Pública.
● Su elaboración incluyó una consulta popular en línea que reunió más de 800 propuestas ciudadanas.
● Incluyó un modelaje económico de metas nacionales y de área estratégica para asegurar con rigurosidad que las intervenciones planificadas realmente impacten a las personas y ayuden a la consecución del desarrollo sostenible.
● Se elaboró con enfoque territorial, lo que significa que la inversión se orienta a las regiones con menor desarrollo relativo.
● Está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se organizó intersectorialmente de manera que se posibiliten sinergias que maximicen los beneficios a la población.
Este plan, cuya cobertura pasó del 40% al 100% de las instituciones, va acompañado por una Agenda Nacional de Evaluación (16 en total) para valorar los proyectos y los programas, comprender su grado de éxito, sus oportunidades de mejora, al tiempo que posibilita el aprendizaje y el empoderamiento.
“El seguimiento feroz y sobre todo la evaluación nos dan la garantía del uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos, de tal forma que estén alineados a las expectativas y sobre todo a las necesidades ciudadanas”, concluyó la ministra.