• Un Fiscal Adjunto explicó que esta actividad ilegal ocurre tanto para el consumo de la persona que recibe la droga como para alimentar un mercado ilícito de comercialización a lo interno de las cárceles.

30 de mayo del 2022. La acción delictiva de introducir drogas a centros penitenciarios se encontró con limitantes adicionales debido a la eliminación o restricción de las visitas durante gran parte de la pandemia, por lo que, quienes incurren en esta actividad debieron cambiar sus métodos para intentar burlar la seguridad. 

Así lo evidencia una estadística recopilada por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) durante el 2021, la cual revela que la introducción de las sustancias mediante las llamadas encomiendas, es decir, el envío de alimentos o artículos de primera necesidad a las personas privadas de libertad, superó a la modalidad de que los visitantes lleven los estupefacientes entre las vestimentas o de forma intracorporal. 

El fiscal adjunto, Fernando Arguedas Rojas reveló estos hallazgos durante el programa del Ministerio Público, Frecuencia MP, en el que indicó que el primer método representó el 37 por ciento de los casos detectados, mientras que el segundo alcanzó una incidencia del 12 por ciento. 

“Durante la pandemia también se empezó a dar la introducción de drogas por medio de drones, así como otro método un poco más rudimentario, que se hace desde los alrededores de los centros penales, principalmente los que están en San Rafael de Alajuela, con personas que lanzan desde afuera paquetes con droga hasta partes internas a las que tienen acceso los privados de libertad”, agregó el fiscal. 

Para alguien que incurre en el delito de suministrar o hacer llegar drogas de uso no autorizado a la población penitenciaría, apuntó el funcionario, “la ley establece una pena de va desde los ocho hasta los 20 años de prisión, ya que es una figura agravada, una situación con mayor sanción”. 

El fenómeno. Arguedas explicó que esta actividad ilegal ocurre tanto para el consumo de la persona que recibe la droga como para alimentar un mercado ilícito de comercialización a lo interno de las cárceles, el cual, subrayó, es muy similar al que se presenta en espacios públicos del país, con personas que ejercen liderazgos de organizaciones criminales asentadas ahí y otras que realizan la distribución. 

“Estadísticamente, está demostrado que los fines de semana son los días que hay más decomisos en los centros penales, pues son los momentos de mayor visitación; sobre todo, se intenta introducir drogas que la ley define como de uso no autorizado, principalmente lo que conocemos como crack, además de cocaína y marihuana”, dijo. 

“También se ha detectado heroína, LSD y se ha decomisado drogas de uso restringido, las que se pueden ser comercializadas pero por medio de una receta, como son las denominadas como benzodiacepinas”, afirmó el fiscal. 

El especialista recordó que, a partir del 2013, entró a regir una reforma legal que atenúa la pena a un rango de entre tres y ocho años de prisión cuando quien comete el delito es una mujer que, entre otras circunstancias, está en condición de vulnerabilidad, al cuidado de sus hijos o de personas adultas mayores o en condición de pobreza. 

“Esta reforma se realizó con una perspectiva de género, atendiendo a las circunstancias particulares en las que alguna mujer, por su vulnerabilidad, accede a cometer estas actuaciones ilícitas, a veces a cambio de dinero o una ventaja para subsistir”, detalló. 

La edición completa de Frecuencia MP está disponible en este enlace. El programa se transmite todos los lunes, a las 11:00 a.m., a través de 98.7 FM de Radio Columbia y la página de Facebook: Ministerio Público de Costa Rica.

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Por Franklin

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