En el cierre de su gestión, Carlos Alvarado vetó parcialmente Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia

La Nación: “El texto original del proyecto de Ley general de acceso a la información pública y transparencia, presentado desde el 2018, no contenía ninguna prohibición para que los periodistas informaran sobre investigaciones por corrupción o narcotráfico, o bien sobre allanamientos o despidos de funcionarios. Sin embargo, algo cambió a última hora“.

Semanario Universidad: “La nueva Ley de acceso a información pública fue aprobada en segundo debate el pasado 26 de abril, al cierre de la gestión de esta Asamblea Legislativa. 40 diputados la votaron afirmativamente, sin discusión del tema.  El proyecto 20.799 fue propuesto por la diputada de Nueva República, Carmen Chan, en mayo del 2018”.

06 de mayo 2022. El Presidente saliente Carlos Alvarado Quesada, vetó parcialmente el pasado viernes 06 de mayo 2022, el decreto legislativo denominado “Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia”, por razones de constitucionalidad, así como de conveniencia y oportunidad.

El veto parcial también fue firmado por la exministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y el exministro de Comunicación, Agustín Castro.

El mandatario explicó que hay razones de oportunidad y conveniencia para vetar los incisos b), e), f), g), h) e i) del artículo 8, del Decreto Legislativo 10.242.

“Estos incisos a pesar que tienen “una loable intención de regular adecuadamente el acceso a la información pública, podrían ocasionar confusiones interpretativas que lo limiten u ocasionen inseguridad jurídica”, señala el documento.

Por otra parte, se vetó parcialmente razones de constitucionalidad en los incisos d) y k), los cuales representan un riesgo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la libertad la prensa, por lo que resultan inconstitucionales, en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“La limitación establecida en el Decreto Legislativo N° 10.242 genera un quebranto al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, la cual ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia”, detalló el Presidente.

Por su parte la exministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, dijo que “estamos plenamente comprometidos con garantizar el acceso a la información a la ciudadanía, pero también comprendemos que este acceso a la información debe enmarcarse no solo en los principios de constitucionalidad que nos rigen, sino también de los compromisos que hemos asumido con las convenciones internacionales. Invitamos a la Asamblea Legislativa para que en el menor tiempo posible pueda conocer este veto y así subsanar la norma y darle al país garantía de que podrán tener siempre acceso a información de la gestión pública y de los asuntos de interés del país”.

El exministro de Comunicación, Agustín Castro, expresó que “ante las preocupaciones de distintos sectores como medios de comunicación, el Colegio de Periodistas y expertos en derecho por los errores contenidos en el texto aprobado por la anterior Asamblea Legislativa y la eventual afectación que podrían causar a las libertades de expresión e información, el Gobierno de manera expedita dio prioridad al estudio del decreto legislativo y a la emisión del veto parcial, con el propósito de que se puedan enmendar esos errores y contar lo más pronto posible con una legislación en la materia que a la vez sea compatible con el ejercicio más amplio posible de esas libertades”.

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Por Franklin

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