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Vivienda con justicia social

Franklin marzo 2014 Snapshot_20140307_2

Franklin Castro R.

franklindecostarica@gmail.com

El tema de un techo digno es de vital importancia en un país en donde la misma Constitución Política, le exige al Estado promover la construcción de viviendas populares, para las familias que realmente lo necesitan: No es favor, es una obligación. No dice nada de amiguismos, afinidades políticas o si me cae mal o bien la persona que lo solicita.

Hemos visto en algunos casos como ha habido una mala selección, pues algunos beneficiados hasta alquilan las casas, mientras a otros que no tienen no las toman en cuenta para un bono de vivienda. Mientras tanto El Estado, se duerme en el letargo pensando en que con entregar una casa ya todo está cumplido.

De eso hablaba con autoridades del Ministerio de Vivienda y del Banhvi. Les expresaba de la necesidad de un control post entrega por parte del Gobierno, esto para determinar si una persona a la que se le entregó casa, está en ella a los seis meses (al año, etc.) o bien establecer algún sistema para que la gente pueda denunciar casos de viviendas alquiladas y acabar con esta irregularidad.

Si el que alquila no tiene casa, entonces es esa persona la que merece el bono gratuito, pues de lo contrario se estaría prestando para hacer negocios con el dinero de todos. Regalar casas para alquilar, ¿A quién beneficia?. Esa no es la solución que debe buscar nuestro llamado Estado solidario.

Por eso me pareció muy acertado el criterio externado en la prensa por Sonia Montero Díaz, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Dijo que existe un monopolio en la construcción de viviendas de bien social. Se refiere a que debe haber una mayor apertura en las empresas que participan, lo cual será beneficioso para todos, pensamos.

Habló de los cobros de cuotas ilegales en algunos proyectos, de mayores controles, pedir libros contables a quienes tienen a cargo los proyectos de vivienda. Yo agrego: necesitamos saber quiénes están detrás de cada proyecto, quienes precalifican localmente, quien es el desarrollador y los potenciales beneficiarios. La transparencia debe estar primero, porque el dinero es de todos.

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