Sábado 01 de Mayo de 2021. La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, acudió a la Sala Constitucional para se ordene al Estado costarricense la dotación y garantía de los derechos humanos fundamentales y servicios públicos vitales e imprescindibles, que deben contar la totalidad la población residente en las islas ubicadas en la península de Nicoya a efectos de ejercer sus derechos y libertades.
La intervención de la Defensoría se da como resultado de una investigación en el marco del Programa Pobreza y Exclusión: “Observando el cumplimiento de las obligaciones del Estado costarricense frente a los derechos”, en la que se pudo constatar una serie de situaciones que para la Defensoría generan discriminaciones groseras en el acceso a la igualdad y equidad de derechos.
Como parte de esta investigación se emitieron una serie de recomendaciones por parte de la Defensoría de los Habitantes, con el interés de mejorar las condiciones, seguridad física, económica social y acceso oportuno a los servicios y beneficios públicos, en favor de las personas que residen en estas islas; sin que a la fecha exista una respuesta oportuna por parte de las administraciones públicas.
A la fecha existen, entre otras, carencias en relación con el acceso al agua potable, electricidad y conectividad – internet, oferta y continuidad educativa, apoyos sociales, atención médica, afectación ambiental, ausencia de programas de bancarización, problemas de tarifas de servicios, ausencia de obra pública marítima, así como ausencia de servicios mínimos vitales.
En la acción judicial, la Defensoría pide a las y los Magistrados, que se brinde la infraestructura necesaria en condiciones óptimas para la prestación, seguridad, fiscalización, sanidad y accesibilidad, en beneficio de los habitantes que residen en las islas ubicadas en la península de Nicoya. En especial atención al acceso al recurso hídrico, electricidad y conectividad – internet.
Asimismo, la Defensoría solicita que se establezca un plazo perentorio, para que la administración activa, genere un diagnóstico, plan y cronograma de ejecución sobre la situación presentada en las islas ubicadas en la Península de Nicoya, en afectación de los derechos fundamentales y humanos de los pobladores insulares.
“Desde hace varios años la Defensoría ha venido acompañando a los pobladores de las islas en sus demandas por servicios públicos y mejoras indispensables para sus comunidades; no obstante, ante la inacción de varias instituciones decidimos acudir a la Sala Constitucional, para que sea este Alto Tribunal, el que ordene las acciones necesarias para que las y los habitantes de las islas peninsulares mejoren su calidad de vida”, manifestó la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho.