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Luis Antonio Sobrado González Magistrado Presidente, TSE: Presentación Informe de Labores 2012

20 de mayo de 2013

¡Buenos días!

Nuestra Constitución Política exige que las instituciones públicas estén sometidas, de forma permanente, a procedimientos de evaluación de resultados y de rendición de cuentas. Estos, sin duda, son indispensables para el buen funcionamiento y la calidad de la democracia.  Expresivos del principio de transparencia en la función pública, tales mecanismos resultan esenciales para hacer posible el control político y ciudadano respecto del quehacer de la Administración Pública.

El Tribunal Supremo de Elecciones, como pieza clave del engranaje democrático, ha de ser un ejemplo de transparencia institucional.  Por tal motivo, voluntariamente asumió, desde hace seis años, el deber de presentar un informe anual de labores, que explique la manera en que ha invertido los recursos públicos puestos a su disposición.

En esta ocasión, renovamos ese compromiso democrático al hacer del conocimiento público los principales resultados de la gestión institucional del 2012. Rendimos así cuentas sobre la forma en que, durante estos doce meses, hemos enfrentado las responsabilidades que nos corresponden.

La fecha que anualmente utilizamos para ello no es fruto de la casualidad.  Fue escogida porque un 20 de mayo, hace cuarenta y cuatro años, se reformó el artículo 93 constitucional para que el sufragio no solo fuera directo y secreto sino, además, función cívica primordial y obligatoria de los ciudadanos.

En reciprocidad, el Tribunal cumple puntualmente con su función -del mismo modo primordial y obligatoria- de rendir cuentas, invitando con humildad a los costarricenses a evaluar nuestro desempeño. Aspiramos a que, como resultado de este ejercicio, puedan ratificar su elevada confianza en este pilar de la democracia.

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La presentación de este Informe de Labores 2012 se enmarca, además, en la conmemoración de los 125 años de existencia de nuestro Registro Civil.

El Director General de ese Registro ya se ha referido, entre otros aspectos, a la relevancia de esa efeméride, así como al acierto constituyente de adscribirlo al Tribunal Supremo de Elecciones.

Permítaseme ahora, aparte de reconocer la entrega que caracteriza a los funcionarios registrales, enfatizar los sostenidos esfuerzos que hace la Institución para mejorar la prestación de sus servicios y que estos sean accesibles a todos los costarricenses.

Los trámites registrales no solo se atienden en nuestras cómodas instalaciones josefinas.  También en más de una treintena de oficinas regionales, repartidas a lo largo y ancho del país.  Pero lo más sobresaliente es que el Registro Civil, adicionalmente, tiene un programa de prestación ambulante de sus servicios.  De este se benefician todos aquellos a quienes se les dificulta acercarse a esos locales.  Por ello, la agenda de tal servicio está cargada de giras a territorios indígenas y otras zonas muy alejadas de los principales centros urbanos; de visitas a hogares de ancianos; de cedulación en cárceles; y de la atención, en sus propios hogares, a personas en situación de discapacidad.

El Registro ha hecho siempre gala de su sensibilidad por los usuarios.  Entiende que existe por y para la satisfacción de sus necesidades.  Ello fue oportuno resaltarlo, colocando a uno de esos usuarios en el centro mismo de la celebración de hoy.   Esta distinción recayó en Randall Ballardo Ugarte Miranda.  Según veíamos, él fue quien quedó inscrito como el elector tres millones, luego de solicitar, allá en Upala el pasado 7 de diciembre, su primera cédula de identidad.

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El Informe de Labores 2012, que ya está disponible en nuestro sitio web, ofrece una radiografía del quehacer institucional durante todo un año. En él puede apreciarse cómo, a pesar de las restricciones presupuestarias que caracterizaron este período, el Tribunal supo acometer, con solvencia, sus funciones de administrador y juez electoral, de registrador civil y de promotor de cultura democrática.  Con ello, logró mantener su excelencia en los servicios que presta a la comunidad costarricense.

La memoria hace ver que, si bien en ese año no se celebraron elecciones ni consultas populares, sí fue un período de importante readecuación reglamentaria, especialmente en el ámbito electoral y de cara a los comicios de 2014, así como de relevantes tareas en la planificación de esas elecciones.  También da cuenta pormenorizada de labores de administración electoral de gran relevancia y complejidad, como lo fueron las relativas al control del financiamiento partidario.  De igual manera, se alude a la supervisión de asambleas partidarias.  En el año 2012 el Tribunal fiscalizó un total de 1.721 de esas asambleas.  Estas se desarrollaron dentro del marco del democrático proceso de renovación de las estructuras internas de los partidos políticos, cuya feliz conclusión condiciona su participación en las próximas elecciones.

El Informe desglosa las 302 sentencias dictadas por los magistrados durante el año, tanto en asuntos electorales contenciosos como no contenciosos, al paso que resalta y resume los pronunciamientos más relevantes. Asimismo, deja constancia de las 8.487 resoluciones por ellos emitidas en materia civil y administrativa, correspondiendo en su mayoría a trámites de naturalización.

De la misma manera se informa sobre la administración registral civil, cuyos resultados anuales permiten una evaluación positiva de los eficientes servicios prestados por el Registro Civil. En lo que se refiere a certificaciones y constancias de hechos vitales y actos civiles, se entregaron más de 3 millones. Por otro lado, se confeccionaron más de 600.000 cédulas de identidad, disminuyéndose el tiempo de entrega de 7 a 4 días.  Asimismo, se proporcionó a más de 158.000 jóvenes la tarjeta de identidad de menores (TIM) y 4.508 personas obtuvieron su carta de naturalización.

Resalta, además, la obra del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).  Evidencia su prolífico trabajo en educación para la vida en democracia, mediante talleres, foros y producción de materiales educativos, así como las actividades de capacitación de los partidos políticos y otros actores electorales.

El Informe destaca, por último, la notable proyección institucional que se tuvo el año pasado, tanto en el ámbito local como internacional. En cuanto a este último concierne, la gran cantidad de actividades en que intervinieron funcionarios del Tribunal refleja su reconocido liderazgo internacional. Igual importancia conllevó la firma de distintos convenios, dentro de los que sobresale el acordado con el Programa Estado de la Nación para desarrollar investigaciones sobre democracia electoral y partidos políticos; proyección académica que también se manifiesta, en el 2012, con las ediciones 13 y 14 del sétimo año de la Revista de Derecho Electoral.

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Una reflexión especial merece lo relativo al control del financiamiento de los partidos políticos.  Fue este el aspecto del accionar institucional que, durante el año pasado, tuvo mayor resonancia política y mediática.

El nuevo modelo de supervisión financiera consagrado en el Código Electoral de 2009 se explica por la necesidad de conjurar las graves amenazas que la anterior regulación comportaba para la democracia costarricense, especialmente por validar un esquema de reprochable opacidad e impunidad.

Los logros en el terreno del control sin duda se explican por las virtuosas normas del Código dirigidas a transparentar las finanzas partidarias.  Sobresalen las que ordenan publicitar los contribuyentes y estados financieros de los partidos, como las que prohiben las donaciones de sociedades mercantiles y la utilización de estructuras paralelas de recaudación, entre otras. Con gran visión, ese Código también unificó la fiscalización en un único órgano público, lo que permite un abordaje integral; lo encargó a una instancia técnica y especializada; y, además, multiplicó las vías de fiscalización, concibiéndolas bajo un enfoque sistémico.

Ha quedado acreditado, sin embargo, que la existencia de una regulación adecuada es condición necesaria pero no suficiente de éxito. Fue indispensable contar, además, con la determinación del órgano de fiscalización para ejercer su autoridad, así como dotarlo del suficiente músculo administrativo para que pudiera hacerlo solventemente.

El Registro Electoral y su Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no se han limitado a labores de escritorio, ni atenido a la documentación que suministran los partidos.  Por el contrario, han indagado a profundidad la realidad de los gastos y los ingresos de esas agrupaciones, más allá de las apariencias documentales.

El éxito de la supervisión financiera se apoyó, asimismo, en una ciudadanía atenta y dispuesta a denunciar, como en el ojo avisor de una prensa acuciosa y libre.  Ambas son las mejores aliadas, en las sociedades democráticas, para combatir las patologías del financiamiento partidario.

El Tribunal compareció, a lo largo del año 2012, en cuatro ocasiones distintas ante la comisión legislativa que ha investigado algunas indebidas circunstancias que, durante las campañas electorales de 2010, rodearon el financiamiento partidario.  En esas oportunidades hicimos ver la pertinencia de que las agrupaciones políticas aprovechen esta delicada coyuntura para hacer un sano ejercicio de autocrítica.  De igual modo, para comprometerse a rectificar sus prácticas financieras.

Pero, ante todo, se advirtió  el peligro de promover cambios legislativos de corte regresivo, que nos hagan retroceder al reino de la opacidad y de la impunidad.  Una involución de este tipo resultaría inaceptable para los costarricenses, agravando la crisis de credibilidad que hoy marca su relación con los partidos.  Los esfuerzos legislativos deberían, en cambio, orientarse a mejorar la transparencia y a promover el sano manejo de los dineros partidarios.  Con ello se estaría dando un primer paso en la indispensable reconciliación de los ciudadanos con los partidos, que no son otra cosa que su principal vehículo de participación política.

Ante este panorama, el Tribunal anunció a finales del 2012 que pondría a discusión de la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de reformas en materia de financiamiento partidario, lo que se concretó a inicios del 2013. Esta iniciativa persigue, en primer lugar, que las agrupaciones políticas puedan contar oportunamente con los recursos necesarios para enfrentar la campaña; sin incrementar, con ello, su dependencia respecto de los grandes contribuyentes privados ni, tampoco, el monto de la contribución estatal.  En segundo lugar, busca disminuir los costos asociados a esas campañas. Las propuestas han sido especialmente cuidadosas en no sacrificar los logros alcanzados en términos de transparencia y control del financiamiento partidario, que más bien se procura afianzar.  Por otro lado, se conciben como una ocasión propicia para mejorar los índices de equidad de las contiendas electorales.

Esta filosofía armoniza con sentidas demandas de la sociedad costarricense.  Asimismo, representa una manera de dar respuesta al imperativo establecido, hace más de una década, en la Carta Democrática Interamericana.  Esta señala, en su artículo quinto, que el fortalecimiento de los partidos es prioritario para la democracia y agrega, abro comillas, “Se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.”, cierro comillas.

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Como puede concluirse de todo lo expuesto, la familia electoral no solo está en condiciones de mostrar satisfacción por la manera eficiente, austera y proba con la que se entregó a la comunidad nacional el año pasado, sino también por su espíritu innovador, que mantiene al Tribunal en una posición de liderazgo regional.  Además, la organización electoral sobresale por su actitud proactiva, que la lleva a fijar la atención del país sobre las amenazas y oportunidades que el momento presente ofrece a la democracia costarricense.

Con este nuevo ejercicio anual de rendición de cuentas, reafirmamos nuestra apuesta por el mejoramiento constante y un actuar apegado a la transparencia. Es de la mano de ella como debe preservarse el vínculo de confianza con que nos bendicen las y los costarricenses.

Hoy agradecemos profundamente al Sistema Nacional de Radio y Televisión por la transmisión en directo de este acto de rendición de cuentas.  Su colaboración permite, como siempre, acercar y mantener informados a los costarricenses preocupados por el devenir de sus instituciones públicas.

Deseo concluir la presentación del informe de labores reconociendo el extraordinario aporte de Eugenia y Max, como también de aquellos magistrados suplentes que nos acompañaron, transitoriamente, en la conducción institucional del 2012.  Se trata no solo de profesionales dedicados y de muy alto nivel, sino también de extraordinarios seres humanos.

Aprovecho además, para dar la bienvenida pública a Marisol y Fernando, compañeros magistrados que, desde el pasado 2 de febrero, se sumaron al Tribunal para atender las elecciones generales de 2014.

Entre todos hemos podido sacar adelante un año más de arduo trabajo, así como encontrar la sabiduría necesaria para dirigir a esta maravillosa familia electoral.  Sin la experticia y mística de ese millar de funcionarios no estaría hoy compartiendo con ustedes los logros y satisfacciones de un año de labor cumplida.  Ellos contribuyen, de manera decisiva, a que podamos seguir enorgulleciéndonos de contar con una democracia moderna, madura y confiable.

No quisiera finalizar sin antes recordar a la ciudadanía nuestra cita de octubre próximo, cuando una vez más –y al igual que lo hemos hecho desde hace más de 60 años– nos encontraremos en la convocatoria a elecciones, en el llamado a ejercer esa función cívica primordial que es el sufragio.  Este instrumento democrático estará a nuestra disposición, otra vez, en la forja del destino común de los costarricenses.

¡Mil gracias!

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